Luz verde al último trámite para la puesta en marcha del plan integral de reparación de caminos rurales

10/10/2017
La Junta de Gobierno Local aprueba el pliego definitivo de un proyecto que supondrá una inversión municipal de 3,7 millones de euros, y que según ha destacado hoy la portavoz del Equipo de Gobierno, “es el más ambicioso de una legislatura en la que hemos considerado fundamental dar respuesta a las necesidades del sector agrícola, auténtico motor de la economía cartayera”.

En un plazo de un mes el Ayuntamiento de Cartaya adjudicará las obras del plan integral de reparación de caminos rurales de la localidad, que supondrá una inversión de 3,72 millones de euros y que permitirá el arreglo integral de la red completa de  caminos rurales de la localidad, que integran cerca de medio centenar de caminos con una extensión de 110 kilómetros.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde esta semana, como ha anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Carmen García, al pliego de adjudicación de las obras, que abre un periodo de un mes para que se produzca dicha adjudicación en función de las ofertas que se presenten, “e inmediatamente que esta se produzca, comenzarán los trabajos, que está previsto tengan una duración de entre 8 y 9 meses.

La concejala de Caminos Rurales, María Isabel Pérez, ha mostrado su satisfacción por la consecución de este último paso administrativo en el marco de un plan que “ pone en marcha un total de 45 proyectos que afectan a otros tantos caminos, y que comprenden una actuación integral, de asfaltado con aglomerado en caliente, que va a suponer la inversión más importantes que realice este Ayuntamiento”.

Subrayó en este sentido la portavoz del Equipo de Gobierno, que “esta inversión sólo es posible debido a la gestión económica municipal, que nos ha permitido tener un remanente de tesorería positivo en base al cual podemos ejecutar una inversión de 3,7 millones de euros”. De otra forma, señaló, “el Gobierno jamás nos hubiera permitido realizarla debido al Plan de Ajuste que tuvimos que poner en marcha para salvar la situación de las arcas municipales y en base al cual se prohíbe cualquier tipo de inversión que no sea financieramente sostenible y que no venga amparada por un superávit económico, como es el caso de Cartaya”.