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El pleno aprueba por unanimidad la propuesta del Equipo de Gobierno de adherirse al acuerdo de la FEMP al respecto en una “apuesta por introducir la ética como pilar de la política municipal”.
El pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado hoy, con el respaldo de todos los grupos municipales la moción de Alcaldía de adhesión al Código de Buen Gobierno Local de la FEMP, una mejora que el alcalde, Juan Miguel Polo, ha definido como “fundamental para un mejor ejercicio y desarrollo de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, un compromiso que ya viene desarrollando este Ayuntamiento con constantes mejoras del portal creado a tal efecto en 2014”.
La aprobación de este código, según Polo, “supone una buena oportunidad para que todos los grupos municipales con representación en este ayuntamiento apostemos por la regeneración de la vida política municipal”.
Además, en el transcurso de la sesión plenaria, y a raíz de las mociones presentadas por los distintos grupos, se abordaron distintas cuestiones de interés. Así, y en respuesta a una moción del grupo socialista solicitando a las administraciones competentes las medidas necesarias para solucionar la problemática de pérdida de arena en las playas, el concejal de Turismo, Bernardo Hurtado, anunció que “hemos alcanzado un principio de acuerdo con la Subdelegación del Gobierno en Huelva para retirar de Nuevo Portil el colector de aguas pluviales que se ubica justo en la zona de la playa más afectada por los temporales, una infraestructura histórica que llevamos años intentando eliminar y sobre la que por fin hay un acuerdo con la administración competente en la materia”.
En esta misma línea anunció que “además estamos consensuando con Costas las actuaciones a emprender para paliar los efectos de los temporales en el frente de 150 metros de playa de Nuevo Portil que se ve afectada por la constante pérdida de arena debido a las lluvias, y para garantizar el buen estado del litoral cartayero de cara a la Semana Santa”.
La seguridad y el tráfico centraron gran parte del debate, en base a dos mociones al respecto de los grupos de la Oposición, con el anuncio, por parte del concejal del área, Cristóbal Tavira, de que “el Ayuntamiento está realizando un estudio para mejorar el tráfico rodado en la localidad, para descongestionar y buscar una solución a alguno de los puntos conflictivos”. Recordó al respecto que ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial “para concienciar a los conductores de la necesidad de respetar las normas de tráfico para garantizar la seguridad del tráfico y la movilidad de todos”.
Además, y con el voto en contra del Equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA), y del grupo municipal socialista, fue rechazada una moción de IU que solicitaba una consulta popular para la ampliación de la Plaza de la Sirena mediante la peatonalización de un tramo de la calle Andalucía. El alcalde detalló que “no somos partidarios de una peatonalización permanente que cierre el tráfico durante todo el año la arteria principal de El Rompido, porque las necesidades y la afluencia de ciudadanos no es la misma en verano que durante el resto del año”. La apuesta municipal, detalló la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Carmen García, “se decanta por una peatonalización parcial, con un sistema de pilonas en el que estamos trabajando para sustituir y mejorar el sistema actual, pero desde la misma filosofía de cerrar al tráfico la zona en los momentos puntuales en los que se considere necesario y conveniente, siempre teniendo en cuenta el criterio de los empresarios y vecinos de la zona”.
Finalmente, el Alcalde informó al pleno del auto judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, sobre el contencioso que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, MAS, mantiene contra el Consistorio por su salida de la mancomunidad.
Aclaró el primer edil que “el citado auto, que ha trascendido como si fuera una sentencia, cuando no lo es en absoluto, es simplemente la respuesta a una medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento, previa incluso a que se empiece a valorar el fondo de la cuestión, y no implica ninguna condena contra el Consistorio”. Quiso de esta forma “tranquilizar a la ciudadanía frente a los mensajes alarmistas que se han trasladado a la opinión pública”, puesto que, aseguró, “el Ayuntamiento ha actuado en este proceso de forma legal”.
